“LO ESENCIAL ES IMPERCEPTIBLE A LOS OJOS”

(O EL DURO CAMINO DE ENFRENTAR LAS TENTACIONES AUTORITARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA)

 

La noción de inseguridad, en su acepción cotidiana, ha sufrido una indudable cooptación de clara connotación ideológica. Pareciera, en consecuencia, que hasta el habitante menos atento de nuestra sociedad asocia el concepto de inseguridad a la mera posibilidad de ser víctima de un delito. Ninguna de las restantes incertidumbres que este margen apendicular del capitalismo dependiente depara a la mayoría de los ciudadanos, parece estar tan claro en el inconsciente colectivo, ni ocasionar niveles tan altos de la mentada “alarma social”. Es difícil explicar lo obvio, pero ni el desempleo, ni la profundización de la crisis estructural que padece nuestro país, ni las perplejidades que las fugaces mutaciones que depara el siempre cambiante horizonte del capitalismo tardío, ni las múltiples acechanzas del futuro, alcanzan consensos sociales tan importantes como esta remanida idea de la “inseguridad”, asociada únicamente al auge de la delincuencia convencional.

La evidencia no es menor, por cierto. Bastante más difícil resulta explicar esta percepción generalizada que atraviesa divisiones categoriales convencionales de la sociedad.

Parafraseando a Joan Prats[1], podemos decir que, al revés que España, la Argentina es uno de los países menos exitosos del último cuarto del siglo XX, justamente el lapso en el cual se produjeron los mayores cambios y las más drásticas transformaciones en la historia de la humanidad. En cualquier caso, una responsabilidad directa respecto de esas frustraciones colectivas resulta atribuible a los sectores más conservadores de la sociedad, copartícipes, beneficiarios, apologistas o cómplices de procesos de virtual desguace del patrimonio nacional, de la distribución más injusta de la riqueza  y de un proceso de profundización de la  exclusión social sin precedentes.

El miedo a las dificultades del presente o la desconfianza que plantea el propio futuro, son así sustituidas por la simplificación e intencionada construcción del “miedo al otro”. El miedo, entonces, alcanza la dimensión del nuevo instrumento de dominación social por excelencia y ese temor es alentado desde los aparatos ideológicos del estado de manera temeraria aunque sistemática: “El temor y el miedo se están convirtiendo en elementos de aislamiento y ausencia de solidaridad entre la comunidad”[2].

Pero en ese escenario social de enorme privación relativa, esos “otros ”, a quienes se reserva el rol pasivo de objetos de punición y destinatarios de las campañas de “limpieza de clase”  son, justamente, las víctimas de las políticas públicas concebidas desde el denominado Consenso de Washington, otro contrato social del que seguramente tampoco han sido signatarios esos agregados.

Si “el otro”, concebido en clave adversarial, es el que se opone a un orden socialmente valorado y supuestamente homogéneo, sintetizando desde lo simbólico  todos los riesgos y las alarmas inmediatas, cualquier cruzada realizada en nombre del “orden perdido” es susceptible de ser llevado adelante, aún desde las ideologías represivas y autoritarias abocadas al mantenimiento de un estado de cosas inéditamente injusto en términos sociales.

Aquí aparecen, entonces, otras dificultades no menores para quienes, desde el “progresismo” (por usar un vulgarismo genérico que, por impreciso, muchas veces no quiere decir nada y por vacío, en muchos casos contribuye a su propio descrédito), deciden asumir un lugar neurálgico en las áreas estatales vinculadas a la seguridad y la política criminal. Compromiso que – vale aclararlo- se asume en todos los casos sin beneficio de inventario y a sabiendas del retroceso sostenido  del estado al momento de gestionar políticas sociales de prevención del delito, y de su demostrada incapacidad y proverbial lentitud  para articular de manera conjunta inversiones compatibles con las cualidades que demanda la urgencia de la nueva agenda social.

La primera de esas dificultades se vincula necesariamente con el dilema recurrente respecto de si es o no posible hacer criminología “desde adentro” del estado.

Obviamente, esta incógnita probablemente se despeje atendiendo a circunstancias objetivas de la realidad y la posibilidad de incidir de manera instersticial en la microfísica del poder: “Como usted dice, las relaciones entre deseo, poder e interés, son más complejas de lo que ordinariamente se piensa, y resulta que aquellos que ejercen el poder no tienen por fuerza interés en ejercerlo, aquellos que tienen interés en ejercerlo no lo ejercen, y el deseo de poder juega entre el poder y el interés en juego que es todavía singular”. “El papel del intelectual no es el de situarse “un poco en avance o un poco al margen” para decir la muda verdad de todos; es ante todo luchar contra las formas de poder allí donde  éste es a la vez el objeto y el instrumento: en el orden del “saber” de la “verdad”, de la “conciencia”, del “discurso”[3].

Por lo tanto, el desafío de transformar (aunque sea parcialmente) la realidad en términos de política criminal, se convierte ciertamente en una dura puja cotidiana en la que interactuan anárquicamente  los restos de las agencias del estado (compatibles con niveles de conflictividad y complejidad social de hace medio siglo) y los medios de control social informal (muy especialmente la gran prensa) pletóricos de retribucionismo extremo.

La segunda, una vez adoptada y por la razón que fuera, la decisión de dar desde adentro el debate sobre la seguridad y tomar el riesgo de una gestión de gobierno implica adaptarse a algunas lógicas peculiares del funcionamiento del estado argentino, inficionado en su propio núcleo por prácticas políticas difícilmente comprensibles en otros colectivos sociales.

La tercera, es la inmediata percepción de que una históricamente escasa calidad de gestión institucional necesita imperiosamente nutrirse de una simplificación conceptual y funcional, que remite a una supuesta “ejecutividad” puesta en práctica a sabiendas (y aún con desprecio) de su irracionalidad e ineficacia.

La búsqueda de racionalidades alternativas, por ende, siempre deberá promediarse con la necesidad opinable de “permanente ejecutividad” y con la necesidad social justificada de que se brinden respuestas, sin control alguno de calidad, respecto de una delincuencia predatoria protagonizada generalmente por jóvenes pobres en perjuicio de otros pobres. “Los políticos se encuentran ante un gran rompecabezas. Algunos actúan como bomberos incendiarios y otros se sienten impotentes ante un fenómeno de masas al que nadie sabe hacer frente de forma adecuada. En cierto modo ocurre como en el caso del conductor un vehículo que empieza a deslizarse a causa del hielo y, en lugar de intentar seguir el curso de os acontecimientos y corregir la dirección cuando sea posible, aplica brutalmente los frenos con lo cual no hace más que empeorar la situación”[4].

Ello deriva en que no ya las búsquedas sino las decisiones obedecen a un “promedio” alquímico entre lo que se puede proponer y lo que finalmente se hace en términos de seguridad, y sobre todo en cómo esto se hace. Por lo tanto, aún obteniendo  anuencias en orden a aspectos esenciales de política criminal, la “traducción”, la instrumentación y la puesta en práctica de estas medidas ponen a prueba una relación de fuerzas que resulta casi siempre favorable a la reproducción de las condiciones objetivas sobre las que, paradojalmente, se intenta intervenir. “La relación de aplicación no es nunca de semejanza”[5]. Y este es el riesgo fundamental que debe correrse, precisamente porque alcanzamos en este punto los límites inelásticos de las posibilidades de llevar adelante una planificación que, en términos de política criminal, deje de atender a un supuesto clamor popular ante el cual “algo hay que hacer rápidamente”, sin importar mucho qué y cómo es lo que se hace. Las medidas que se conciben, las planificaciones que se intentan integrar desde las agencias comprometidas con el fenómeno de la violencia cotidiana, muchas veces sucumben o mudan al momento de ser bajadas a la práctica, mediante trazos gruesos adoptados con una impronta propia de un populismo regresivo de módica calidad institucional, o mediante la delegación en actores que poseen una impensada capacidad de destrucción masiva.

Éste parece ser el verdadero Talón de Aquiles respecto de la construcción social de una criminología “para las clases subalternas” - como enseñaba Baratta - desde el Estado argentino, más allá de las cualidades e improntas de algun gestor ocasional de esas políticas: el propio Estado parece haber generado sus particulares anticuerpos, refractarios a los cambios y transformaciones, y tan brutal como primitivo en sus intrincadas e insondables reacciones.

Intentando no incurrir en un apocalíptico pesimismo, parece inevitable advertir sobre expectativas excesivas sin tener en consideración estos condicionantes objetivos y la complejidad y debilidad de la administración pública en términos de “gobernanza” (gobernance); esto es, en una gestión de la cosa pública articulada en redes horizontales y genuinas con la sociedad, prescindiendo tanto de un verticalismo tradicional y reduccionista entre gobernantes y gobernados, como de tramas lapidarias entre agencias estatales y supuestos “gestores ” locales de muy escasa legitimidad y representatividad social, motorizados por el más duro y torpe asistencialismo.

En suma, el rol del criminólogo es el de un previo conocedor de la complejidad de la sociedad y del estado, el de un trabajador que comprende que las clases dirigentes no solamente gestionan a través del estado, sino que instrumentan a partir del mismo los consensos con los que conviven y gobiernan. Esos consensos siguen siendo, a mi entender, las aptitudes para generar tendencias capaces de arraigarse en las masas, aunque se construyan a partir de consignas regresivas (las campañas de “mano dura”, explícitas o implícitas, actualmente en auge, constituyen un ejemplo claro sobre este particular).

Enfrentado a esta situación, desde el núcleo duro de la asumida complejidad del propio estado (más aún, diría únicamente a partir de él, pues a través del estado todos los sectores de la sociedad, incluso los más dinámicos, parecen sintetizarse y sincretizarse), el intelectual orgánico no debe perder su condición de impugnador de los discursos legitimantes, pero no ya desde una retórica infantil y  rupturista, sino a partir de la condición asumida de permanente persuasor y conocedor de que dará batallas decisivas y no decisivas (las “modificaciones moleculares” de que hablaba Gramsci?), que habrá de ganar y perder, a través de las mismas “grietas” que el Estado suministra, intentando poner límites a su poder punitivo y a los procesos selectivos de criminalización.

 

Por Eduardo Luis Aguirre (UNLPam)

Subsecretario de Seguridad y Defensa Civil

de la Provincia de La Pampa.

 

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