LA INDAGACION PREVIA NO ES RESERVADA NI PARA EL OFENDIDO[1] NI PARA EL SOSPECHOSO[2]

 

Por Fernando Yávar

 

Una aproximación garantista

a la fase pre-procesal penal ecuatoriana.

 

“Si la historia de las penas,

es una historia de horrores,

la historia de los procesos,

es una historia de errores”.

Luigi Ferrajoli.

 

 

SUMARIO: I. Introducción. II. La reserva y su ubicación en EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO penal. III. EL Objeto de la reserva. IV. GUARDIANES Y Destinatarios de la Reserva. V. LOS ObjetivoS de la reserva. Vi. La no afectación de la reserva a las garantías del debido proceso. VII. EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA RESERVA ABSOLUTA. VIII. VIOLACION DE LA RESERVA. Ix. PROPUESTA DE REFORMA NORMATIVA. X. CONCLUSIONES.

 

I. Introducción.

I.I. Unos de los temas que mayores roces entre abogados y fiscales ha generado la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Penal (CPP) ha sido el tema de la mal entendida –y mal aplicada– reserva de la fase preprocesal penal de la Indagación Previa.

 

En virtud de lo cual creo necesario hacer un breve análisis con el único objetivo de generar en el gremio abogadil una consciencia de investigación y argumentación jurídico penal contra las cotidianas violaciones a las garantías del debido proceso de las que ofendidos y sospechosos han sido víctimas desde –y no por– la vigencia del nuevo estatuto adjetivo penal.

 

II. La reserva y su ubicación en EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO penal.

II.I. De las definiciones que nos da CABANELLAS[3] de lo que debemos entender por reserva, nos parece la mas ajustada al ámbito del derecho procesal penal aquella que dice: “Cautela o cuidado para que algo no se sepa.” Pero (OJO) reserva no es sinónimo de secreto.

 

II.II. La tan mentada reserva se encuentra establecida en el último inciso del art. 215 del CPP, que dice: “Sin   perjuicio   de   las  garantías  del  debido  proceso,  las actuaciones  del  Ministerio  Público y de la Policía Judicial para el esclarecimiento del delito durante la indagación previa, se mantendrán en  reserva. …”

 

Este artículo nos dice, además, cuando iniciar[4], quienes van a investigar[5], que deben inquirir[6] y cuanto dura[7] la fase pre - procesal penal de la Indagación Previa.

III. EL Objeto de la reserva.

III.I. Resultaría innecesario traer a colación la naturaleza pública de toda norma procesal, pero la realidad procesal penal de nuestro país lo impone. Dicha categorización nos exige una interpretación restrictiva de su contenido. Como nos enseña Jorge CLARIÁ OLMEDO, en su obra Derecho Procesal, “la norma [procesal] debe ser aplicada conforme a lo que en ella literalmente se expresa”.[8]

 

III.II. Del análisis literal de la parte transcrita del inciso encontramos que la reserva se limita a las actuaciones  de:

a)      El  Ministerio  Público; y,

b)      La Policía Judicial.

 

Acaso todo lo que consta en un expediente penal es una actuación del Ministerio Público o de la Policía Judicial? Evidentemente que no, verbigracia, los escritos presentados por el ofendido o por el sospechoso. Bajo ninguna óptica se puede asimilar un escrito presentado por alguno de ellos a una actuación de la Fiscalía o de la Policía Judicial.

 

Sin embargo, casi todos los fiscales extienden la reserva a todo el expediente. Llegando al aberrante extremo de mantener en secreto la denuncia[9], lo cual es contrario hasta al más elemental instinto jurídico, sin mencionar la garantía procesal penal que tiene todo sospechoso de conocer el contenido de la acusación que pesa en su contra desde la misma fase de Indagación Previa, ya “que el imperio del debido proceso comienza con la investigación preprocesal”[10].

 

IV. GUARDIANES Y Destinatarios de la Reserva.

IV.I. La pregunta respecto de quienes son los guardianes de la reserva tiene una respuesta que combina la función pública (policías, fiscales y jueces[11]) con los particulares (sospechosos, ofendidos y sus abogados). Estos individuos son los únicos que pueden tener contacto con las actuaciones del expediente penal. El resto son los terceros, los extraños: los destinatarios de la reserva.

 

IV.II. El auto de instrucción fiscal, es decir, la resolución que da inicio a la primera etapa del proceso penal es el punto de partida desde donde el principio de publicidad procesal cobra vigencia -respecto de terceros- hasta llegar a su máximo esplendor en la etapa del juicio, pero durante la Indagación Previa impera la reserva para extraños.[12]

 

Los terceros o extraños ni siquiera deben saber que se ha iniciado una Indagación Previa contra un sospechoso determinado, solo en esa medida se podrá salvaguardar la honra y la reputación de quienes se encuentran sometidos a una investigación penal, evitando así una sanción mayor a la pena que eventualmente se impondría, “como sería la discriminación laboral posterior al cumplimiento de la sentencia por ser ‘exconvicto’, estigma que no le permitiría a ningún ciudadano cumplir con uno de los objetivos más importantes del sistema penal, como es el de lograr la reinserción social”[13].

 

Esta es la única interpretación jurídica, lógica y no atentatoria contra derechos fundamentales de la reserva que nos trae el quinto inciso del art. 215 CPP. Tanto es así, que el mismo Tribunal Constitucional cuando resolvió la demanda de inconstitucionalidad propuesta por el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, sobre el punto de la reserva de la indagación previa, sostuvo:

 

“El inciso final del artículo 215, si bien se refiere a la reserva de que gozan los actos practicados durante la etapa de investigación[14] y de instrucción, no es menos cierto que la norma claramente dispone que ello será “Sin perjuicio de las garantías del debido proceso…”, es decir, se trata de una reserva del conocimiento del público, pero no del imputado[15]. Además la norma se complementa con el artículo 80 del Código de Procedimiento Penal, que establece: “Toda acción preprocesal o procesal que vulnere las garantías constitucionales carecerá de eficacia probatoria.”[16] (Mayúsculas y negrillas son mías.)

 

         IV.III. Por otro lado, los medios de comunicación constituyen la forma más rápida en que los terceros se enteran[17] de la iniciación de una Indagación Previa contra una persona determinada.

 

La función de la prensa en la sociedad genera un conflicto entre el Derecho del Público a la Información[18] y el Derecho del Sospechoso a que sea considerado por la comunidad como responsable de una infracción penal solo con una sentencia condenatoria ejecutoriada.[19]

 

La solución a ese conflicto debe ser encontrada en la interpretación que más favorezca a la efectiva vigencia de los derechos y garantías constitucionales (Constitución Política de la República art. 18). Personalmente, considero que ante un auto de instrucción fiscal oportuno -esto es, el dictado cuando existen suficientes elementos de convicción basados en serios indicios de la existencia del delito y de la culpabilidad del sospechoso en el hecho que se pesquisa[20]-, el derecho a informar debe prevalecer por sobre los derechos fundamentales del ya imputado[21].

 

IV.IV. Esta reserva constituye la regulación legal local de un derecho consagrado en un cuerpo normativo supranacional como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a saber:

 

“Art. 14.-

 

1. … La prensa y el público podrán ser excluídos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicación pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. …

 

IV.V. En virtud de las consideraciones expuestas, concluimos que la reserva que pesa sobra la Indagación Previa es relativa porque no afecta a las partes directamente interesadas (ofendido-sospechoso) sino a los extraños al proceso.

 

 

 

V. LOS ObjetivoS de la reserva.

V.I. El primer objetivo de la reserva es que no se entorpezcan las investigaciones realizadas por la Fiscalía o por la Policía Judicial. Razón por la cual casi todos los fiscales guardan un total hermetismo respecto de la totalidad del expediente, cuando en el último de los casos solo debería ser de sus actuaciones. Pero incluso esta interpretación es atentatoria contra las garantías del debido proceso, ya que en los únicos casos en que se debería guardar reserva absoluta o hacerla secreta es para cuando se vayan a pedir medidas cautelares al juez penal como por ejemplo, el allanamiento del domicilio o la intervención telefónica del sospechoso, que para que logren sus finalidades probatorias respectivas no deben ser conocidas por el sujeto pasivo del proceso, pero el resto de actuaciones (versiones, reconocimientos, peritajes, etc.) no deben ser reservadas o secretas para la pareja criminal (víctima – victimario).

 

¿De que manera se pueden ver entorpecidas las investigaciones, cuando el ofendido conoce el contenido de los escritos presentados por el sospechoso? De ninguna manera. Al contrario, al ser el ofendido el directamente afectado por el delito, podría introducir mayores medios probatorios de cargo y/o contradecir los medios probatorios de descargo introducidos por el sospechoso en esta fase preprocesal. Similar respuesta se puede dar a la pregunta inversa.

 

V.II. El segundo objetivo de la reserva es preservar la objetividad del agente fiscal como director de las etapas investigativas[22] ante posibles influencias mediáticas. Los medios de comunicación ejercen gran influencia sobre las decisiones de los operadores de justicia penal, al punto no solo de informar sobre el hecho, sino de llegar -en algunos casos- hasta a acusar, juzgar y sentenciar, imponiendo la peor pena de todas: la estigmatización[23].

 

La casuística argentina nos trae un  interesante caso “donde se acuso a un profesional de haber violado a una paciente, siendo encarcelado, trascendiendo al conocimiento público las identidades de la presunta víctima y victimario, parece concluir … [después] -en el marco de la “verdad mediática”- con la publicidad otorgada a un dictamen psicológico practicado en el proceso penal (en una etapa que no es pública), conforme el cual la paciente tiene tendencia a “fabular”. Nótese el “juego” planteado en este caso respecto de los ya mencionados ámbitos respectivos de aquellas “verdades”. Jurídicamente, por garantía constitucional, el imputado era y es inocente, puesto que no existía una resolución judicial que hubiere quebrado ese estado de inocencia del que está investida toda persona. Sin embargo, la “verdad mediática” lo condenó en primer término y sólo con base en los dichos de quien se consideraba víctima. Ahora, la “verdad mediática” lo absuelve, no en función de una resolución judicial, sino con base en un dictamen pericial que no debería haberse hecho público y que no es vinculante para el juzgador. Si la denuncia no hubiere trascendido y el proceso judicial se hubiere desarrollado dentro del marco de “secreto” [para nosotros, reserva] que está impuesto legalmente, el honor, la honra y el prestigio del cirujano no hubiere sufrido daño alguno. Ahora bien, qué pasaría si ese dictamen pericial es declarado nulo (por alguna razón formal) o, sencillamente, si la valoración que del mismo hace el juzgador lo lleva a desestimarlo y se condena al imputado?

 

         El exceso en la información y publicidad de cuestiones sometidas al ámbito judicial [para nuestro sistema, léase procesal] genera diversos daños. Por una parte, se daña el valor de la “verdad judicial”, preeminente por sobre la “verdad mediática” en un Estado de Derecho. Por otro lado, los sujetos involucrados sufrirán daños irreparables a su imagen, honor y honra, aún cuando la “verdad judicial” declare su inocencia, pues la “verdad mediática” ya instaló un dato que, aún desmentido por aquella, será “creíble”. Como señala … [Rodolfo Julio Urutubey: “Verdad judicial y verdad mediática”. La Ley “Actualidad”, ej. del 13/03/01.], “lo creíble desplaza a lo verdadero, o dicho mediante un juego de palabras: ‘es más verdadero que la verdad’”. Medios y Justicia deben actuar responsablemente, resguardando en lo posible y prevenible, de causar daños irreparables”.[24]

 

La necesidad de tener un investigador libre de toda contaminación psicológica que los medios puedan crear, justifica la reserva de la Indagación Previa para con la prensa. Los medios no deben considerar esta limitación al derecho de informar como un atentado contra tal derecho sino mas bien como la aplicación equilibrada de derechos constitucionales aparentemente excluyentes.

 

Vi. La no afectación de la reserva a las garantías del debido proceso.

VI.I. Continuando con el análisis literal del inciso mencionado, es importante anotar que las mencionadas actuaciones serán reservadas, “sin perjuicio de las garantías del debido proceso”. Esto quiere decir, que la reserva no podrá vulnerar ese catálogo de garantías procesales básicas reconocido como derecho fundamental por normas constitucionales, internacionales y legales.

 

VI.II. Dos principios esenciales del debido proceso son: el derecho a la defensa y el derecho a la tutela jurídica efectiva[25].

 

VI.II.I.  Comencemos el análisis desde la perspectiva del denunciado revisando el derecho a la defensa.

 

VI.II.I.I.  El derecho a la defensa puede ser definido como “el que tiene el imputado para oponerse a la pretensión penal de la acusación. La defensa puede concebirse como una parte procesal, dialécticamente opuesta a la acusación, integrada por dos sujetos procesales (el imputado y su abogado), titulares de todo un conjunto de garantías y derechos instrumentales suficientes para contestar la pretensión penal y hacer valer eficazmente dentro del proceso el derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente.”[26]

 

VI.II.I.II. Este derecho se encuentra reconocido por la Constitución Política de la República, art. 24 num. 10[27]; Convención Interamericana de Derechos Humanos, art. 8 num. 2 lit. c)[28]; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 num. 3 lit. b)[29]; Ley Orgánica[30] del Ministerio Público, art. 26[31]; y, además por los arts. 11[32] y 70 inciso 2do.[33] del Código de Procedimiento Penal.

 

VI.II.I.III. La violación del mandato contenido en la Ley Orgánica del Ministerio Público y demás normas citadas se encuentra sancionada por dicha norma orgánica[34], por la Carta Magna[35] y por el Código de Procedimiento Penal[36] con la ineficacia probatoria.

Como lo señala MONTAÑEZ PARDO “la expresión ‘no surtirán efectos’[37] debe ser interpretada como una prohibición expresa de valorar y apreciar las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales”.[38]

 

El derecho a la defensa es indiscutiblemente un derecho fundamental.

 

CUEVA CARRION nos enseña que “esta es una regla absoluta: toda prueba que se introduzca en el proceso con violación de las normas constitucionales o legales carece de validez y nadie le puede dar otro efecto diferente a éste, hacerlo, sería violar, en forma expresa, esta garantía constitucional y contravenir el debido proceso”.[39]

 

Entiéndanse incluidos en la palabra “prueba” de esta cita a los medios probatorios practicados y recopilados antes de la etapa del juicio, por su evidente finalidad probatoria, ya que en ellos se basa el fiscal para dictar el auto de instrucción fiscal o para sustentar su dictamen y, asimismo, el juez se nutre de ellos para resolver peticiones de medidas cautelares y, sobre todo, para dictar el auto resolutorio de la etapa intermedia.

 

VI.II.I.IV. Para el citado profesor colombiano SUAREZ SANCHEZ “el derecho a la defensa le permite al imputado intervenir en todo el desarrollo del proceso, con miras a demostrar la falta de fundamentación de la acusación, la que se inicia con la investigación previa[40]”.

 

Dicho autor señala que al sujeto pasivo del proceso (denunciado) durante la fase preprocesal le asisten los siguientes derechos: a la presunción de inocencia; a ser informado que se ha iniciado investigación previa; a ser oído en versión libre; a solicitar y controvertir las pruebas[41]; a no autoincriminarse; a estar asistido de abogado de su confianza o de oficio; a formular peticiones y presentar alegaciones, lo mismo que recibir respuestas a ellas; y, a recibir notificaciones.

 

Continúa diciendo que: “en un Estado de Derecho no se puede concebir la idea de que los agentes del Estado actúen de manera unilateral, negando al procesado … la oportunidad de hacer valer pruebas y controvertir las que se presenten en su contra, lo mismo que planear los argumentos que le sean favorables…”[42]

 

Sobre el tema la Corte Constitucional colombiana ha fallado lo siguiente:

 

“El derecho a la presunción de inocencia, que acompaña a toda persona hasta el momento en que se la condene en virtud de una sentencia en firme …, se vulnera si no se comunica oportunamente la existencia de una investigación preliminar a la persona involucrada en los hechos, de modo que ésta pueda, desde esta etapa, ejercer su derecho de defensa conociendo y presentando las pruebas respectivas. La inocencia como valor individual compromete su defensa permanente, la cual mal puede diferirse a un momento lejano luego de que el Estado sin conocimiento del imputado y por largo tiempo haya acumulado en su contra un acervo probatorio que sorprenda y haga difícil su defensa. …”[43]

 

VI.II.II. Un principio fundamental del debido proceso es el derecho a la tutela jurídica efectiva.

 

VI.II.II.I. Esta puede ser definida como “el derecho de toda persona a que se le <<haga justicia>>; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con una garantías mínimas”.[44]

 

La tutela jurídica efectiva es reconocida por la Constitución Política del Estado en su art. 24 num. 17[45].

 

         GONZALEZ PEREZ nos enseña que “el derecho a la tutela jurisdiccional despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, en el acceso a la Justicia; segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y obtener solución en un plazo razonable, y tercero, una vez dictada sentencia, la plena efectividad de sus pronunciamientos. Acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia de las sentencias”.[46]

 

Por ahora enfoquémonos en el primero de los momentos de este derecho: acceso a la jurisdicción[47]. La jurisprudencia constitucional colombiana sobre dicho tópico ha resuelto de la siguiente manera:

 

“Considera la Corte que el acceso a la administración de justicia no es un derecho apenas formal que se satisfaga mediante la iniciación del proceso, sino que su contenido es sustancial, es decir, implica que la persona obtenga a lo largo de la actuación y hasta la culminación de la misma, la posibilidad real de ser escuchada, evaluados sus argumentos y alegatos y tramitadas, de acuerdo con la ley, sus peticiones, de manera que las resoluciones judiciales sean reflejo de los valores jurídicos fundamentales. En tal sentido, el acceso a la administración de justicia es inescindible del debido proceso y únicamente dentro de él se realiza con certeza.”[48]

 

Una de las manifestaciones del acceso a los despachos judiciales (entiéndanse también a los del Ministerio Público) consiste en el “derecho a ser oído y ejecutar la defensa de derechos e intereses legítimos, para lo cual es necesario ser informado de las decisiones … [preprocesales y procesales] mediante citaciones, notificaciones y emplazamientos”.[49]

 

VI.III. Tanto derecho tiene el ofendido a conocer el contenido del expediente que el mismo Código de Procedimiento Penal en su art. 69 num. 2 establece:

 

“Art. 69.- Derechos del ofendido.- El ofendido tiene derecho:

 

2.  A  ser  informado  por el Ministerio Público del estado de la indagación preprocesal y de la instrucción; …”

 

Este derecho a la información que tiene el ofendido y el sospechoso[50], no se limita a conocer que la causa “está en trámite”, como ciertos Fiscales sostienen.

 

El derecho a la información preprocesal y procesal penal implica concederle al ofendido un total acceso al expediente[51], permitiéndosele sacar copias del mismo[52], [53], siendo lo deseable que los escritos sean notificados a las partes.

 

VII. EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA RESERVA ABSOLUTA O SECRETO PRE-PROCESAL.-

VII.I. Esta errada interpretación del quinto inciso del art. 215 CPP produce los siguientes efectos:

 

VII.I.I. Lesión a derechos fundamentales del sospechoso y del ofendido, como lo son el derecho a la defensa y el derecho a la tutela jurídica efectiva, respectivamente[54]; lo que acarrea, una limitada influencia de dichos sujetos en esta fase preprocesal[55];

VII.I.II. Como consecuencia del anterior, se genera una victimización del sospechoso y una revictimización del ofendido;

 

VII.I.III. Desconfianza de los particulares en los operadores de justicia y en el nuevo sistema procesal penal[56];

 

VII.I.IV. Desgaste de los recursos procedimentales del Ministerio Público, quien con la ayuda de la pareja criminal (víctima – victimario) podría llegar más rápido a la decisión de si desestima la denuncia o si promueve el ejercicio de la acción penal; y,

 

VII.I.V. Por ultimo, constituye un factor criminógeno al crearse redes de corrupción entre fiscales y/o pasantes y abogados. Acentuando la cifra negra u obscura de los delitos de concusión y cohecho.

 

VII.II. Todos estos efectos negativos –porque el secreto pre-procesal nada positivo ofrece– son de los que se aprovechan los detractores del nuevo CPP para buscar su derogación. La aplicación inquisitiva de un código estructuralmente acusatorio es su bandera de lucha. Lo paradójico de todo esto es que quien les proporciona combustible a diario a sus críticas, debería ser su mejor aplicador: el Ministerio Público.

 

VIII. VIOLACION DE LA RESERVA.

VIII.I. Una de las principales razones que argumentan los Fiscales para no enseñar el expediente es la eventual colaboración que el sujeto procesal “beneficiado” con dicha información haga a la prensa. Al no existir una sanción para la “infidencia” de los particulares se opta por el “mal menor” negándoles a todos el acceso al expediente.

 

Pudiendo la reserva ser violada tanto por particulares como por funcionarios es necesario establecer una sanción que cubra todos.

 

El CPP en el quinto inciso del art. 215 establece una ley penal en blanco que se remite al art. 282 del Código Penal, el cual dispone:

 

“Art. 282.- Todo funcionario público que, sin orden legal del superior competente, descubra o revele, algún secreto de los que le están confiados por razón de su destino, o exhiba algún documento que deba estar reservado, será reprimido con uno a cinco años de prisión.

 

Como se puede apreciar, este es un delito de sujeto activo calificado: el funcionario público. La filtración de información del expediente por parte de un particular no puede ser absorbido por este tipo (ni por ningún otro), por lo que es necesario incluirlo legislativamente, ya sea a través de una reforma del delito transcrito o por medio de una nueva ley penal, como lo propongo en el siguiente numeral.

 

IX. PROPUESTA DE REFORMA NORMATIVA.

IX.I. La débil transición entre el sistema anterior y el actual, en materia de capacitación de fiscales[57], sumado a las facultades discrecionales que el modelo acusatorio formal les otorga en nuestro ordenamiento procesal penal, nos da como resultado una gran mayoría de funcionarios con un gran poder pero sin la suficiente preparación para ejercerlo.

 

         Con dicho antecedente consideramos que la mejor fórmula para atemperar dicha deficiencia es la regulación legal estricta en materia de facultades discrecionales, lo cual prevendrá abusos oficiales durante la sustanciación de las causas.

        

         Es por esto, que una reforma del quinto inciso se hace imprescindible[58], para lo cual sugiero el siguiente texto[59]:

 

CPP Art. 215 5to. Inciso.- La Indagación Previa no será pública para terceros. Sólo podrán tener acceso al expediente las partes, directamente o por medio de sus representantes. Los abogados que invoquen un interés legítimo serán informados por el Ministerio Público sobre el hecho que se investiga y sobre los sospechosos o detenidos que existan, con el fin de que decidan si aceptan participar en el caso. Las partes, los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas, tendrán la obligación de guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con la pena establecida en el art. 282 del Código Penal.

X. CONCLUSIONES

 

X.I. Desde –y no por– la vigencia del nuevo estatuto adjetivo penal, ofendidos y sospechosos (y sus abogados) han sido víctimas de cotidianas violaciones a las garantías del debido proceso.

 

X.II. La reserva de la fase preprocesal penal se limita a las actuaciones  de: el  Ministerio  Público; y, la Policía Judicial.

 

X.III. Los policías, fiscales, jueces, sospechosos, ofendidos y sus abogados son: los guardianes de la reserva. El resto, los terceros, o sea, los extraños al proceso son: los destinatarios de la reserva.

 

X.IV. La reserva que pesa sobre la Indagación Previa es relativa porque no afecta a las partes directamente interesadas (ofendido-sospechoso) sino a los extraños al proceso.

 

X.V. Los objetivos de la reserva no se ven afectados por el análisis que los sujetos procesales hagan del expediente. Por otro lado, si los destinatarios de la reserva se enteren del contenido de las investigaciones se generaría un efecto en cadena nocivo.

 

X.VI. La reserva no podrá vulnerar ese catálogo de garantías procesales reconocido como derecho fundamental por normas constitucionales, internacionales y legales.

 

X.VII. El derecho a la información preprocesal y procesal penal implica concederle al ofendido un total acceso al expediente, permitiéndosele sacar copias del mismo, siendo lo deseable que los escritos sean notificados a las partes.

 

X.VIII. Todos los efectos negativos que produce la reserva absoluta son de los que se aprovechan los detractores del nuevo CPP para buscar su derogación.

 

X.IX. La filtración de información del expediente por parte de un particular no puede ser absorbido por ningún tipo penal, por lo que es necesario incluirlo legislativamente, ya sea a través de una reforma del delito transcrito o por medio de una nueva ley penal.

 

X.X. La mejor fórmula para atemperar las deficiencias del Ministerio Público es la regulación legal estricta en materia de facultades discrecionales, lo cual prevendrá abusos oficiales durante la sustanciación de las causas.

 

X.XI. Hagamos del nuevo CPP un instrumento de aplicación procesal respetuosa de las garantías del debido proceso para que la historia del proceso penal ecuatoriano que se escribe desde el 13 de julio del 2001 sea una historia libre de errores o de errores subsanados.

 

X.XII. Por último, exhorto a los Colegios de Abogados del país a no perder el tiempo izando banderas de derogación, a preocuparse de explotar lo positivo del nuevo CPP, y a buscarle soluciones a las cosas negativas. Mucho más fácil es lograr una reforma o una interpretación legislativa que una derogatoria total de un código. Acaso no recuerdan la inseguridad jurídico - procesal penal que vivió la ciudadanía los primeros meses de vigencia del CPP? Queremos repetir eso?

 

Ab. Fernando Yávar Umpiérrez

Posgraduado en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires